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El proyecto del modelo español de facturación electrónica está basado en la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas (Ley Crea y Crece) cuyo artículo 12, modifica el artículo 2 Bis de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, en concreto, la obligación de emitir facturas electrónicas.
Los grandes rasgos de la normativa se pueden dividir en las siguientes premisas:
- Expedir, remitir y recibir factura electrónica en todas las relaciones comerciales con empresas y autónomos. No se trata de suministro de información sin más, sino de la propia emisión de facturas y su intercambio con otras empresas y profesionales.
Cualquier empresario estará obligado a emitir, remitir y recibir sus facturas en formato electrónico.
La gran novedad es que todo empresario está obligado a emitir la factura en este formato.
- Todos los territorios están obligados a emitir sus facturas electrónicas, aunque apliquen régimen foral.
- Los objetivos son el conocimiento y control de los plazos de pagos. Digitalización, eficiencia y ahorro de costes en empresas, y, por supuesto, evitar el fraude y blanqueo de capitales.
- La entrada en vigor depende de cuando se apruebe el Reglamento de la Ley. Cuando esto se produzca todas las empresas, en el corto plazo, estarán obligadas a la emisión de las facturas en formato electrónico.
- La colaboración será tanto del sector privado como del sector público, para que el sistema español de facturación electrónica sea unitario. También entrarán en la elaboración del reglamento tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de Hacienda, así como el territorio común y el Foral.
- Tejido empresarial español. En España existen empresas grandes que ya usan este sistema con éxito. Pero, también existen microempresas que necesitan este tipo de sistema para darle salida a sus necesidades de facturación y control. Este sistema se entiende que es más económico, eficiente y factible, evitando el consumo de papel y el intercambio del mismo, lo que reduce el tiempo también de intercambio y, por tanto, de cobro.
- Por último, atención a la incipiente realidad europea e internacional. Este fundamento de la norma se basa en cumplir que el pago a proveedores se realice antes de 30 días, premisa que será de obligado cumplimiento en toda Europa. También la intención es crear un Observatorio de Morosidad Privada. Todo ello, con el objetivo principal de obtener datos reales del pago de las facturas, prioridad de la Agencia Tributaria.
La estructura del sistema español de facturación electrónica funcionará de la siguiente manera:
Una empresa (A) con un sistema informático produce una factura electrónica que se pasa a la solución pública de facturación electrónica. Es la solución pública quien lo pone en manos de la contraparte (Empresa B), a esta empresa B se le avisa de que tiene facturas pendientes de recoger, este aviso se realizará una vez al día. La empresa B comunicará el pago completo al subsistema de pagos.
Todo ello obliga a que cada una de las empresas o profesionales emitan facturas electrónicas al organismo pertinente. El cual, se encargará de recopilar toda la información y enviarla al cliente y al subsistema de pagos. Obligando así a cada empresa o profesional, a obtener un sistema informático interno que emita este tipo de facturas, cumpliendo con todas y cada una de las características que la norma indica, un programa como, por ejemplo, BALTER.
